LA PESADILLA DE SABER QUE SE QUEDARÁ EN LA CALLE


Mariano Pacilla, un vecino de la localidad bonaerense de Ituzaingó, vive horas de angustia ante el inminente remate de su vivienda pactado para este martes. Sin embargo, la propiedad le pertenece ya que compró el terreno a una empresa que fue declarada en quiebra. Pero ahora, el juez que interviene en la causa decretó la venta de la propiedad a pesar de que exista un boleto de compra que acredita la venta a Pacilla.

El juez en lo comercial Hernán Diego Papa, quien está a cargo de la venta de los bienes de la empresa Plomer SRL, declarada en quiebra, dispuso que el remate del inmueble situado en Güiraldes 4683, en la localidad bonaerense de Ituzaingó, se realice este martes. Es que el magistrado consideró que la vivienda en la que habita Mariano junto a su mujer, la hermana de ella y sus hijos -dos de ellos con discapacidad- forma parte de los activos de la empresa.

“Es un problema bastante complicado porque Mariano compró la propiedad al matrimonio dueño de la vivienda en 1995 con la indemnización de su trabajo“, contó Miriam, la hermana de Pacilla. “Pero el dinero sólo le alcanzó para hacer la casa y no pudo escriturar. Sin embargo, sí tiene el boleto de compraventa que legitima que la vivienda le pertenece. El punto es que el juez cree que mi hermano era testaferro de esta gente porque él no tiene recursos”, explica.

De acuerdo con el relato de la mujer, los dueños del terreno murieron una vez que vendieron las tierras en 2012 y desde ese entonces la empresa que poseían comenzó a tener problemas hasta que fue necesario dictar la quiebra. En respuesta a los reclamos de los acreedores y bajo la creencia de que Pacilla es un testaferro, el inmueble será rematado.

Además, “la abogada que había contratado mi hermano no le avisó a tiempo y la causa avanzó. Ahora, con la ayuda de los vecinos, acudimos a otros dos representantes legales que le dijeron que no debería estar pasando esto, pero que al actuar tarde la situación es muy difícil”, contó Miriam.

En efecto, conmocionados ante el posible desalojo de Pacilla, los vecinos crearon la Junta Vecinal de la calle Güiraldes, con el objeto de frenar el remate y ayudarlo desde lo económico.

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