CRECEN LAS AMENAZAS DE BOMBA EN ESCUELAS DE LA PROVINCIA


Las amenazas de bomba, reiteradas y frecuentes en las escuelas de la región de la capital bonaerense, comienzan a adoptar el estatus de problema serio: complican el funcionamiento académico, provocan riesgos para los menores que deben ser evacuados de los edificios y generan voluminosos gastos al Estado.

Este martes hubo siete episodios en diferentes establecimientos platenses. La semana pasada se registraron más de 20 y también alcanzaron colegios de Berisso y Ensenada. Además, de acuerdo con datos que tienen en la Dirección de Escuelas, la modalidad se extiende a zonas del Gran Buenos Aires, sobre todo en el oeste. Un informe del área educativa provincial detectó que los “focos” están en Merlo, Moreno, San Miguel, La Plata, La Matanza y San Martín. En escuelas de cada uno de esos distritos fueron denunciados más de 30 incidentes desde que comenzó el año.

Y un dato más: hace una semana, identificaron a un adolescente de 14 años, responsable de los llamados intimidatorios en centros educativos de Tandil. Sería el responsable de al menos unos cinco llamados que ocurrieron en la ciudad serrana.

Las autoridades provinciales y la Justicia -que debe intervenir ante cada amenaza- no tienen certezas sobre las motivaciones. Las especulaciones son variadas: los picos de las alertas ocurren -por lo general- en etapa de cierre de trimestres; cuando están programados pruebas en diferentes asignaturas y ante la inminencia de la entrega de boletines. Eso está ocurriendo en estos días en el sistema educativo provincial.

Están descartados los propósitos políticos. En Buenos Aires -a diferencia de lo ocurrido en Capital Federal- no hubo tomas o protestas en el ámbito escolar a favor o en contra de la despenalización del aborto, que se discutirá a partir de mañana en el recinto de Diputados del Congreso Nacional.

El año pasado, se registró una “ola de amenazas” en las semanas previas a las elecciones de medio término. Antes de las PASO y de las generales. Se combinó entonces, la intención de “generar inestabilidad social” con el aprovechamiento de los adolescentes que buscaban “zafar” de alguna prueba. Algunas estadísticas de entonces: en los primeros 15 días de octubre fueron casi 1800 episodios que afectaron –principalmente- a centros educativos públicos y privados de la zona oeste del Conurbano. Después de los comicios (22 de octubre de 2017) el promedio bajó, no obstante se mantuvo en niveles elevados: más de 10 casos por día de promedio. Pero muy lejos de los 20 casos constatados en todo 2016 Este año, otra vez se está por encima de la media.

“El día que logremos superar un llamado de este tipo sin suspender las clases, desaparecen los amenazadores”, admitió un funcionario de Escuelas ante Clarín. Por el momento, eso no es posible. “Los protocolos exigen el procedimiento de evacuación y de revisión por parte de Bomberos y de la Policía”, aclaró.

En la capital bonaerense hubo intenso movimiento por los llamados. La mayoría ocurrieron en pleno centro y también advirtieron sobre artefacto explosivo en un Instituto de Formación Docente (el Nº 8), de 45 entre 12 y 13. Se concretó el operativo conducido por la brigada de explosivos y personal de Control Ciudadano restringió el transito. A la mañana se produjo un hecho en la Escuela Media Nº 1 de Berisso, en calle Marsella a la altura de Montevideo y otras tres amenazas en colegios de esa ciudad: la Media Nº 2, la Técnica Nº 2 y en la Media Nº 60 en el turno tarde.

Para completar el cronograma, en el turno tarde hubo hechos similares en Colegio Albert Thomas, de 1 y 57, (los alumnos se retiraron) y en el ex Normal 1, frente a Plaza Moreno. Fue la sexta amenaza de bomba en lo que va del año y la tercera en dos semanas. Las autoridades tuvieron que sacar del edificio a alumnos de jardín, primaria y secundaria.

La situación afecta a todos. Una mujer frente al edificio escolar contó que “cada vez, tenemos que salir de nuestros trabajos para ir a buscarlos. Además hay riesgo para los chicos”. En el caso del Normal 1, los ubicaron en espacios públicos de la plaza y la rambla. También había divisiones que se ubicaron en las escalinatas de la Catedral, situada a 200 metros de la sede escolar.

En el ministerio de Seguridad dijeron que “cada operativo requiere movilizar personal, móviles y logística. Estimamos entre 20 y 35 mil pesos de costo para el Estado”. Todo por una modalidad que parece no tener fundamento racional.

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